El proyecto establece como regla común que los residentes ilegales pueden ser detenidos en los centros especiales para inmigrantes por un período máximo de seis meses, ampliable a 18, mientras se juzga y tramita su orden de repatriación.

Luego de cumplirse el plazo máximo de detención, el inmigrante debe ser puesto en libertad, independiente de su situación en el país, lo que permite que muchos ilegales desaparezcan de la policía y vuelvan al mercado negro laboral y con una orden de expulsión.